Y los menores ¿qué dirán?

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Cargado originalmente por Amre Ghiba

En los medios de comunicación se ha ventilado un conflicto entre padres de familia de menores y el Consejo Estatal de Familia del Estado de Jalisco.

Por una parte, los padres de menores (por lo menos 15), apoyados por el Colegio de Abogados de Jalisco “Tomás López Linares”, han expresado que existen “procesos irregulares” al habérseles prohibido la convivencia con los mismos e incluso desconocen dónde se encuentran actualmente. Los términos que se han usado es que se les ha despojado la custodia de los menores y los padres han dicho que se los “arrebataron”

Inclusive ya han interpuesto quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Jalisco)

Las irregularidades no se han aclarado muy bien, salvo por expresiones en el sentido de que el Consejo de Familia les informó a los mismos que les había retirado la custodia porque no contaban con los medios suficientes para poder tenerlos consigo y porque estaban en aparente peligro y en otros casos porque se trataba de una familia monoparental y la situación no era apta para el menor.

De parte del Consejo Estatal de la Familia (CEF) se ha respondido que se ha actuado de conformidad a la ley, buscando la protección e integridad física, emocional y psicológica de los menores que se encuentran en diferentes albergues y que están abiertos al dialogo con los padres para proporcionarles la información que requieran.

La Fundamentación jurídica que ofrecieron está sustentada en el último párrafo del artículo 93 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco :

“En caso en que la víctima del delito sea menor de edad y el agresor sea quien lo tiene en custodia el Agente del Ministerio Público encargado deberá ordenar la cesación de la convivencia del menor con sus familiares, aún de sus padres, cuando con dicha convivencia se ponga en peligro la seguridad o integridad del menor, debiendo ordenar el resguardo del menor en una institución autorizada poniéndolo a disposición del Consejo de Familia o del Instituto Cabañas en su caso.”

Lo lamentable del caso es que se empieza a politizar, pues el presidente de la Comisión de Desarrollo Humano en el Congreso del Estado, Abel Salgado Peña (Diputado Plurinominal del PRI, afirmó que solicitarán a la secretaria técnica del Consejo Estatal de la Familia dependiente del Sistema DIF Jalisco, Claudia Corona, un informe pormenorizado de lo que ocurre en esa dependencia. En el periódico Informador se menciona que éste expresó: “Están pasando irregularidades que no deben suceder, que no se deben llevar a cabo, estamos obligados a hacer un llamado al Consejo de la Familia para que asuman la responsabilidad que la ley les otorga, sin faltar a los derechos que tienen padres o tutores. Si existe violación a las disposiciones legales se puede iniciar un juicio de carácter administrativo por violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

¿Entonces están pasando irregularidades o no?

Con las notas que se han vertido en los medios sería aventurado emitir una opinión al respecto.

La situación debe tomarse con cuidado pues una de las partes que menos se escucha y se toma en cuenta es la de los menores. Si bien la convivencia es esencial, habría que estudiar cada caso minuciosamente para verificar que no exista peligro a su seguridad o integridad del los mismos. En caso de que existan irregularidades sería provechoso conocer en qué consisitieron a efecto de que se corriga de manera inmediata las mismas y en su caso de repare el daño que se haya causado, por lo menos reintegrando a los menores con sus padres.

Terminamos la nota, en cuanto al término “despojo”, ya que éste se usa en el Código Penal del Estado de Jalisco para el delito de “Despojo de Inmuebles y Aguas”, pero tal vez se ha pretendido usar en su término para causar mayor impacto, ya que despojar, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española significa: privar a alguien de lo que goza o tiene, desposeerle de ello con violencia.